Traición al Estado

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el diccionario de la Real Academia define alta traición como «la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado». La soberanía y el honor, la seguridad y la independencia del Estado han sido pisoteados y expuestos al escarnio con la concesión del segundo grado penitenciario al terrorista De Juana Chaos.

El Derecho se ha doblegado ante la irracionalidad, se ha torcido y desnaturalizado para amparar el chantaje de un criminal; a partir de ahora, cualquier otro criminal podrá hacer lo propio. La propaganda gubernamental se apresuró a divulgar, a las pocas horas de haberse consumado esta felonía, que durante los gobiernos de Aznar varios terroristas enfermos fueron excarcelados por razones humanitarias; los propagadores de esta especie indigna saben perfectamente que De Juana Chaos no estaba enfermo, y que por tanto en esta decisión oprobiosa no concurren las razones humanitarias que el ministro Rubalcaba invocó. Si De Juana Chaos hubiese sido, en efecto, un enfermo incurable, diezmado por un cáncer galopante, aquejado de derrame cerebral o convaleciente de un infarto (como lo eran aquellos presos terroristas cuyas penas se aliviaron durante los gobiernos de Aznar), ninguna persona que merezca la designación de tal se hubiese rebelado contra la concesión del segundo grado penitenciario, y aun de la libertad condicional. La superioridad moral del Estado así lo exige. Pero De Juana Chaos no padecía ninguna enfermedad. De Juana Chaos, en pleno disfrute de sus facultades mentales y gozando de una salud inquebrantable (sólo así se explica que haya podido sobrevivir durante ciento catorce días sin ingerir alimentos, hazaña que deja chiquitos los doce trabajos de Hércules), decidió ponerse en huelga de hambre con el fin de conseguir que el Estado dejara de ejercer potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. Esto es, resolvió infligirse un daño y poner en riesgo su vida para que sus demandas, notoriamente injustas, fuesen atendidas.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 120/1990, estableció rotundamente, ante el caso de unos presos del GRAPO que se declararon en huelga de hambre para chantajear al Estado, que en modo alguno se pueden atender las reclamaciones de alguien que hace uso de su libertad para conseguir objetivos no amparados por la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de infringir la doctrina del Tribunal Constitucional, que es tanto como infringir la misma Constitución, que es tanto como declarar suspenso el imperio de la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero -digámoslo sin rebozo- ha cometido alta traición, que es la más triste forma de claudicación a la que puede rebajarse una autoridad legalmente constituida. «A nosotros nos importa la vida», aseveró el ministro Rubalcaba en su comparecencia ante los medios. Si de verdad le importara no habría cedido a esta ignominia. La importancia que nuestra Constitución concede a la vida, principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, obliga al Estado a velar por la salud de los internos sometidos a su custodia; en modo alguno a ceder ante sus chantajes o protestas reivindicativas. El Estado está autorizado a establecer limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos cuando tales derechos entran en colisión con el bien supremo de la vida; y, por lo tanto, la obligación del Estado era proteger la vida de De Juana mediante medios coactivos, sometiéndolo a alimentación forzosa, que en modo alguno puede considerarse trato vejatorio o degradante, sino remedio necesario para preservar su vida.

La huelga de hambre iniciada por De Juana Chaos era de naturaleza reivindicativa; y, al aliviar su régimen penitenciario, el Estado ha claudicado ante su reivindicación. Llamemos a las cosas por su nombre: esto es alta traición. Cabría preguntarse si un gobierno que humilla el honor de un Estado no merece algún tipo de castigo. En épocas menos confusas esta pregunta habría obtenido una respuesta inmediata y severísima.

JUAN MANUEL DE PRADA