La oposición frontal del Partido Popular al proyecto de Ley de Memoria Histórica se ha concretado, durante su tramitación parlamentaria, en la presentación de una enmienda a la totalidad y la petición de su retirada, por considerar que es un paso más en la «ruptura del pacto constitucional».La formalización de esta decisión se acompaña de una operación de buceo en la hemeroteca para recopilar declaraciones del ahora presidente del Gobierno que ponen de manifiesto contradicciones entre lo que decía y hacía antes de llegar a La Moncloa y su actitud en esta legislatura. Así, en 1999, a raíz de una iniciativa para aumentar las pensiones de las víctimas de la Guerra Civil, José Luis Rodríguez Zapatero daba por culminada la reconciliación entre los españoles considerando que entonces se estaba ante «el último paso en ese espíritu de restitución moral». Zapatero también dijo entonces que la citada medida significaba «recuperar uno de los últimos resquicios que quedan de situación de desigualdad como consecuencia de la confrontación civil».
En la etapa de José María Aznar -como se encargó ayer de recordar el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana- fueron aprobadas por unanimidad de la Cámara varias iniciativas relacionadas con este asunto. Y, precisamente, el consenso es el gran ausente en el proceso de elaboración de la Ley de Memoria Histórica, hasta el punto de haber abierto vías de agua que hacen difícil que el barco no se hunda sin llegar a puerto.
«Este Gobierno no podía medirse en economía, en política social, en gestión... con el Gobierno del Partido Popular. Y ha tenido que ir a un proceso de ruptura, de confrontación, de estrategia política con el Estado, de ausencia absoluta de política de Estado y de poner en riesgo lo más difícil que ha sido capaz de hacer la sociedad española, el pacto constitucional», sentenció Zaplana.
Los populares ofrecen como salida la retirada del proyecto legislativo y que el Gobierno regule por decreto las posibles reparaciones que considere que faltan aún por hacer.
A su juicio, como subrayó el portavoz, la «mejor Ley de la Memoria Histórica es la propia Constitución, donde se establecen las garantías, los derechos, las libertades y la voluntad de convivencia de una sociedad que mira al futuro».
El PP entiende, además, que esta medida legislativa incumple claramente la letra y el espíritu de una resolución acordada por la Comisión Constitucional del Congreso en una fecha simbólica, el 20 de noviembre de 2002. Cada parte, incluido el PP, hizo un esfuerzo y cedió en sus posiciones en lo que se suponía el cerrojazo definitivo al lastre de estar continuamente reabriendo heridas del pasado. «Nada queda en la sociedad española del endémico enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente, se quiso pasar página para no revivir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de venganza», decía la proposición no de ley que apoyaron los socialistas.
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