¿Un tribunal nada constitucional?

Siempre que el sistema judicial de un pais cae en las redes de la partitocracia termina fulminándose el concepto de justicia más pronto que tarde, la separación de poderes es sólo una nebulosa de la Ilustración y la jurisdicción no es más que un recurso, otro más, para atacar al adversario, todo esto y nada más es para lo que puede quedar el Tribunal Constitucional en España, si no se adoptan las medidas correctoras adecuadas, un pais que puede presumir de contar con grandes juristas presentes y pasados.

Revisando el título noveno de la Constitución y su ley reguladora se me antoja estar leyendo un cuento de Calleja, y es que el tema de las renovaciones del Alto Tribunal es de cuento, pero de aquel de las mil y una noches.

Sinceramente, y no voy dándome el golpe en el pecho de ser liberal, creo que en la impartición de la Justicia, junto con la materia económica, son las dos facetas donde el Liberalismo clásico sigue siendo integramente aplicable en nuestros dias. Siempre he defendido la estricta separación de los poderes, más aún si cabe con respecto del Poder Judicial y su relación con el Legislativo y el Ejecutivo, no en vano creo innecesario la existencia de un Ministerio de Justicia, en el supuesto, también hoy matizable, de contar con un Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros fuesen elegidos y actuasen bajo criterios esctrictamente, jurídicos.

Casi todos critícan, de boquilla, la politización de la justicia, y el fenómeno inverso, ello me parece absolutamente estúpido y demagógo ya que nadie hace nada para remediarlo, y es que a todos les puede venir bien en un determinado momento contar con un juzgador más o menos permeable a los intereses de cada cual.

La polémica sobre la recusación de los magistrados del constitucional es básicamente política, es una verdad de perogrullo, pero no por ello menos verdad; un tribunal, y no cualquier tribunal, bipolarizado entre conservadores y progresistas, pivotados por separatistas de más que dudosa reputación en la profesión.

Zaplana dice que no habrá renovación mientras el PSOE quiera meter a amiguetes y radicales, mientras que el Gobierno acusa a la oposición de paralizar prácticamente al Alto Tribunal, hasta aquí todo previsible, por aquello de la injerencia de poderes (y que no nadie me hable de la primacia del Legislativo como reflejo de la soberania nacional) lo grave es que la presidenta de la más alta instancia judicial, que no jurisdiccional, acuse a los populares con una mano de obstaculizar las renovaciones y con la otra admita las recusaciones del Gobierno, parece que la señora le ha cogido gusto al puesto, y a todo esto, ¿que decía la ley orgánica de los mandatos del presidente?